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Entre barrios y exclusión

Emiliano Tapia
Del barrio, de narcotráfico, de instituciones y mucho más...

Las cárceles también existen (II)

Algunos datos más sobre las cárceles y quienes las ocupan. El coste medio de una persona presa anualmente está entre 40.000 y 50.000 euros. Pero el 57% reinciden y el 30% ha tenido antes algún familiar en prisión. ÂżQué pasaría si invitamos a las Instituciones públicas a invertir 10 o 100 veces más, en prevención?

Otros datos, para continuar pensando y recibiendo la información que nos falta. España está por debajo de la media europea en grado de criminalidad, sin embargo somos el país de Europa con un mayor número de personas presas por habitante; la segunda del mundo desarrollado después de EEUU. ÂżCómo puede ser así? ÂżNo estará habiendo una política criminal que abusa de la prisión?

Tenemos reticencia y miedo a que puedan disfrutar de permisos y otros beneficios en libertad. Sin embargo en los últimos años ha bajado el índice de no vuelta a prisión después de un permiso, del 4% a menos del 1%.

La persona del preso es alguien excluída y marginada de nuestra convivencia; sin embargo tradicionalmente las prisiones estaban ubicadas en los mismos espacios urbanos, para que se sintieran como parte de la vida de la ciudad y la familia tuviera acceso cercano a sus miembros en la cárcel. La familia, todos somos conscientes, de que juega un papel extraordinariamente importante en la llamada reinserción.

Hoy, los Centros Penitenciarios, construidos, sobre todo, como macro-cárceles, se han ubicado en medio del campo, como (perdón por la palabra), basureros humanos, donde la buena voluntad de que fuera un espacio de tratamiento, en la mayoría de los casos se ha convertido, al contrario, en un lugar de masificación alarmante, de deshumanización evidente, y de segregación y separación social y familiar contrastada que imposibilita ese objetivo tan cacareado desde la Constitución, €œlas cárceles pretenden la inserción de las personas presas€.

Pero, Âżporqué nos afanamos en tapar la verdad?. ÂżNo estamos viendo la triste realidad de la mayoría de las personas que salen de prisión?, con €œtropecientos€ fracasos personales y afectivos, con una media de edad entre 38 y 42 años, con las puertas cerradas al empleo en su mayoría, a una vivienda, resignados a su suerte, carne de cañón para volver al €œtalego€, rechazados o señalados en un tanto por ciento muy elevado por los más cercanos, familias, pueblo, barrio...

Algunas afirmaciones prioritarias más, que deben sonar con toda la fuerza hacia una sociedad con un futuro más humano si miramos las cárceles y quienes están en ellas.

Ninguna de las personas privadas de libertad están irremisiblemente perdidas. Todas albergan un mundo inédito de posibilidades que reclaman el compromiso de los poderes públicos y de la sociedad para lograr que la igualdad y la justicia sean efectivas; optando por un modelo de justicia que proteja de manera efectiva a la víctima, que responsabilice al infractor y que devuelva la paz social, minimizando el uso de medios coercitivos o violento.

Esta reclamación de compromiso y esta opción por otro modelo más humano se ven dificultadas y deben de afrontar como reto, ciertos factores estructurales y factores coyunturales que no posibilitan esa humanización.

Los factores estructurales dan explicación del incremento de personas en prisión y radican en el propio sistema policial, penal y penitenciario, que intervienen selectivamente sobre los grupos sociales más carenciales, los cuales cuentan con menos oportunidades de adquirir unos niveles mínimamente dignos de calidad vida. Alguna vez he escuchado algún policía decir €œsomos los policías de los pobres€. De este modo se acaba castigando a los que menos tienen y más vulnerables resultan. Y ello explica cómo la prisión acaba por realizar €œfunciones de suplencia€ de los servicios públicos. Sobre todo en ejemplos tan evidentes como la discapacidad, la salud mental e incluso la tercera edad.

Los factores coyunturales que igualmente dan explicación del incremento excepcional de personas en prisión, hace referencia al paulatino endurecimiento del sistema penal, a la cultura del €œpopulismo punitivo€ pues parece que el recurso del Derecho Penal es la herramienta idónea para resolver toda suerte de conflictos, y la falta de utilización suficiente de alternativas a la prisión, sobre todo cuando suceden delitos de escasa peligrosidad.

Finalmente, hay que expresar con fuerza, una vez más y todas las veces que sea necesario, la preocupación más significativa que nace de la extrema vulnerabilidad de las personas en las cárceles con enfermedades mentales y discapacidades, de las mujeres con cargas familiares, de los extranjeros sin arraigo, de los ancianos y de los menores de edad privados de libertad, así como todas aquellas otras a las que a la falta de libertad se suma la precariedad personal y social.

La prisión no es la respuesta adecuada para estas situaciones, muchas veces previsibles y tratables en otros ámbitos más idóneos y eficaces. Como tampoco el Derecho Penal es la solución para todo, pues con demasiada frecuencia olvidamos que muchos de los problemas nacen de la desigualdad social.

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