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Enrique Cabero
Blog de Enrique Cabero. Portavoz de PSOE Salamanca

Prioridades

El Estado social y democrático de Derecho que proclama y define la Constitución Española de 1978 dota a los poderes públicos de gran relevancia para sus adecuados funcionamiento y desarrollo. Devienen ellos los receptores de un amplio e importante conjunto de mandatos para remover los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas, para posibilitar, tutelar o garantizar el ejercicio de los derechos.

Los poderes públicos han de desempeñar sus competencias constitucionales con la eficacia que únicamente ampara la democracia. En fin, no solo es bueno o conveniente contar con ese sistema institucional que se ha dado en llamar €œlo público€, sino que además resulta imprescindible para hacer realidad el modelo elegido por la sociedad española, también por la ciudadanía de la Unión Europea, en distintos contextos históricos.

Las Administraciones Públicas disponen de un lugar destacado en la gestión, dentro del marco señalado constitucional, legal y reglamentariamente, de los servicios que satisfacen los derechos de las personas, desde contenidos, dimensiones y objetivos diversos. No se entendería, porque seguramente carecería de sentido, la forma de vida en los Estados occidentales sin la presencia y la labor de las Administraciones y los empleados públicos. A la hora de la verdad, ni siquiera defenderían la €œmáxima reducción€ de la Administración los ciudadanos que suelen manifestarse como los más convencidos de la bondad de esas posiciones ideológicas que minusvaloran la función esencial de los poderes públicos.

Cuando se demanda por la ciudadanía que se utilicen adecuadamente los recursos públicos, esos que conformamos entre todos mediante el pago de tributos y otras contribuciones, no se está pidiendo la destrucción del Estado social, de la sociedad del bienestar que tanto se ha anhelado, ni el fomento o la comprensión de su deterioro. Se solicita, por el contrario, la mejora del modelo y la profundización en el mismo. Desconcierta y preocupa que las generaciones futuras no dispongan de servicios públicos con un nivel al menos semejante al actual. Por cierto, no se crean eso que nos cuentan de que la gestión privada se caracteriza por principio por la eficacia. La crisis económico-financiera internacional que padecemos es un buen ejemplo de las grandes y profundas carencias de la desregulación de los mercados, del repliegue de los poderes públicos en el gobierno de la economía.

La meta no puede ser la reducción del gasto público o de las Administraciones Públicas porque sí, porque parece que esa idea se recibe con aplausos por la opinión publicada, principalmente desde ámbitos neoliberales y conservadores, para intentar influir así en la opinión pública. No nos dejemos confundir. El objetivo debe ser la racionalización del gasto y de la estructura de las Administraciones. Para acertar en este empeño resulta ineludible señalar prioridades, desde la responsabilidad y el realismo y sin menoscabo del Estado social y democrático de Derecho. Se habla poco de prioridades, más allá de las grandes palabras y los lemas propagandísticos. Reivindiquemos que el debate sobre las citadas prioridades protagonice el periodo político abierto con el anuncio de que las elecciones generales se celebrarán el próximo 20 de noviembre.

La ausencia de una fijación clara de las prioridades políticas y socioeconómicas, unida a las propuestas interesadas, que no interesantes, contra lo público y el Estado social, vienen dificultando el debate necesario e ineludible sobre la racionalización de la estructura de las Administraciones Públicas y la consecución de un modelo mejor en el reparto y el ejercicio de las competencias, capaz de guiarse por los intereses generales, de eliminar las duplicidades, de expulsar los intereses particulares de gobernantes y grupos de presión o supuestas élites, así como, por supuesto, de erradicar la corrupción.

Comentaremos pronto qué repercusiones considero que tiene este asunto en la estructura y el funcionamiento de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales y, en concreto, en Salamanca.

Hasta entonces. Un saludo muy cordial.

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