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Enrique Cabero
Blog de Enrique Cabero. Portavoz de PSOE Salamanca

Paralización de los desahucios

El martes pasado el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, tras el cambio de posición a última hora del Grupo Parlamentario Popular, la toma en consideración de la “Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social”, resultado de una iniciativa legislativa ciudadana. Esta oportuna proposición de ley, cuyo texto se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados) el 21 de diciembre de 2012 (http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-102-1.PDF#page=1), pretende corregir realmente, con modificaciones razonables y razonadas, la actual situación perniciosa para la sociedad en su conjunto y, principalmente, para las personas afectadas por los desahucios de sus viviendas habituales.

Parte, con tal fin, de la constatación en su exposición de motivos de que “la regulación actual implica que la entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda por tan solo el 50 % del valor de tasación y seguir exigiendo a la familia el monto restante, más los intereses generados y los gastos del procedimiento judicial. De tal manera que las personas que padecen un proceso de ejecución hipotecaria no solo pierden sus viviendas habituales, sino que en muchas ocasiones, además, se quedan con buena parte de la deuda, con una condena de por vida que las excluye definitivamente de cualquier circuito financiero o crediticio”.

 

Propone coherentemente, así las cosas, “hacer de la dación en pago la fórmula preferente para la resolución de este conflicto: en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval”.

 

La excepcionalidad del contexto socioeconómico y sus consecuencias aconsejan soluciones de esta índole, porque “la supuesta autonomía privada en la contratación de créditos hipotecarios se ha visto claramente desvirtuada. El presunto equilibrio entre entidades financieras y familias ha desaparecido. La igualdad se ha convertido en desequilibrio. Por este motivo las personas con hipotecas objetivamente inasumibles necesitan el establecimiento de mecanismos de ayuda, protección y resolución a fin de garantizar una cobertura suficiente de sus necesidades básicas y de sus derechos constitucionalmente reconocidos”. En definitiva, “es necesario articular una solución que libere a las familias hipotecadas de los efectos perversos de la concesión excesiva de crédito por parte de las entidades financieras, de la sobrevaloración de las viviendas, así como de las condiciones abusivas en la concesión de créditos hipotecarios”.

 

El próximo martes José María Fernández Seijo imparte una conferencia en la Facultad de Derecho, en el marco del ciclo correspondiente al “Códex 2013”. Tendrá lugar en su Salón de Grados, a las seis y media de la tarde. Fue Fernández Seijo el magistrado que propició la apertura desde el ámbito judicial del debate para la reforma de la legislación española hipotecaria en relación con estos asuntos, así como para la mejora de los criterios seguidos en la interpretación del marco normativo aún vigente. Resultará muy interesante seguir su intervención y apreciar sus opiniones sobre  estas materias.

 

Recuerdo cómo hace un año Fernández Seijo publicó en el diario “El País” unas reflexiones especialmente útiles con el título de “Derecho a una segunda oportunidad”. Iniciaba su artículo con una valoración certera, que puede servirnos para concluir un debate que exige soluciones inmediatas: “En los países de nuestro entorno cuando un particular se encuentra en una situación de insolvencia el Estado habilita los mecanismos para perdonar parte de la deuda. El procedimiento es sencillo: se fijan la deuda, su origen, los bienes ejecutables del deudor y, si se comprueba que no ha existido mala fe, que la insolvencia no parte de una situación fraudulenta, se perdona la parte de deuda que no cubre el patrimonio del consumidor, de ese modo se evitan situaciones de exclusión social” (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/23/vidayartes/1330032596_637536.html).

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